Maestría en Derecho Administrativo

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http://hdl.handle.net/10554/10145

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El principio de doble conformidad en procesos disciplinarios : desafíos y perspectivas para los servidores públicos elegidos popularmente en Colombia.
(Pontificia Universidad Javeriana) Niño Niampira, Cristian Camilo; Alba Rueda, Christian David; Rodríguez Prieto, Viviana Carolina; Marín Santoyo, Manuel Eduardo
El procedimiento disciplinario aplicable a los servidores públicos de elección popular es objeto de examen bajo el marco del principio de doble conformidad, de acuerdo con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. Este análisis incluye la evaluación de la necesidad de los principios de independencia e imparcialidad para garantizar el derecho a impugnar el primer fallo sancionatorio. Asimismo, se aborda la teoría de la flexibilización de las garantías del debido proceso en el ámbito disciplinario, con el propósito de determinar si los criterios mínimos establecidos en materia penal deben aplicarse integralmente a dicho procedimiento o si existen aspectos que justifican su aplicación diferenciada.
La legitimación para demandar la nulidad absoluta de un contrato estatal : un equilibrio entre el interés público y la seguridad jurídica del negocio
(Pontificia Universidad Javeriana) Romero Ortiz, Alejandro; Marin Santoyo, Manuel Eduardo; Gutierrez Ramírez, Alejandro
Este trabajo analiza los mecanismos judiciales en Colombia para el control de la contratación estatal, con énfasis en la acción de nulidad absoluta del contrato. Se plantea si el interés directo que exige la ley para que un tercero demande dicha nulidad es de contenido patrimonial y, en consecuencia, se analiza quiénes estarían legitimados para ejercer esta acción. A lo largo del estudio, se examina la evolución normativa y jurisprudencial de estas acciones, desde la Ley 167 de 1941 hasta el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Se abordan conceptos clave del derecho contractual y procesal, como la validez del contrato y la legitimación en la causa, contrastando enfoques del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, se propone una interpretación armonizadora del interés directo, buscando un balance entre la seguridad jurídica de los contratos estatales y el acceso a la justicia para terceros afectados. Este análisis contribuye al debate sobre la eficacia de los mecanismos de control en la contratación pública y su impacto en la transparencia y la legalidad del Estado
Subrogación de derechos en concesiones mineras colombianas : excepción a la no heredabilidad de contratos estatales
(Pontificia Universidad Javeriana) Núñez Sanabria, Jhormman Jaddy; Ferreira Zambrano, María Fernanda; Cabrera Pantoja, Jairo Edmundo
La subrogación de derechos en los contratos de concesión minera en Colombia presenta una notable excepción a la regla general de no heredabilidad de los contratos estatales. Este estudio analiza el proceso de subrogación establecido en el artículo 111 de la Ley 685 de 2001, examinando sus implicaciones jurídicas y prácticas. La investigación se enfoca en determinar si este mecanismo permite efectivamente la transmisión de derechos y obligaciones del contrato minero a herederos, contraviniendo la norma de terminación de contratos estatales por fallecimiento del contratista. Mediante una revisión exhaustiva de la normativa, jurisprudencia y doctrina relevantes, el estudio plantea que este proceso podría constituir una excepción regulatoria que facilita la continuidad operativa del sector minero. Los autores comparan los requisitos de heredabilidad del Código Civil con los de subrogación minera, buscando establecer si los contratos de concesión minera representan un caso único de contratos estatales heredables en Colombia. Esta investigación contribuye al debate sobre la naturaleza y alcance de los contratos estatales en el contexto de la industria minera colombiana.
Protección del Derecho de Hábeas Data en Colombia. Facultades, competencias y procedimientos establecidos por las autoridades administrativas
(Pontificia Universidad Javeriana) Díaz Izquierdo, Claudia Carolina; Sarquis Matta, Erika Patricia; Hernández, José Gregorio
Esta tesis analiza los procedimientos administrativos implementados por la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia para proteger el derecho constitucional de Habeas Data Financiero, según la Ley Estatutaria 1266 de 2008. El estudio aborda las funciones y procedimientos de ambas superintendencias, comparando sus enfoques y efectos jurídicos. Se destaca la tutela directa del derecho por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en contraste con la Superintendencia Financiera que ejerce dicha facultad, pero con efectos jurídicos adicionales sobre los vigilados. Se sugiere que los procedimientos de ambas autoridades administrativas deberían ser concordantes para cumplir con la correcta aplicación de la función de vigilancia que otorga la Ley. La conclusión del trabajo determinará si estos procedimientos y la implementación de métodos adicionales garantizarían una mejor protección del derecho en ambas superintendencias y la necesidad de evaluar la adecuación de los procedimientos actuales para asegurar una protección efectiva del derecho fundamental de Habeas Data Financiero en Colombia.
Colombia, un estado descentralizado y sin autonomía de los entes territoriales
(Pontificia Universidad Javeriana) Marulanda Martínez, Gregorio German; Buelvas de la Espriella, Ana Maria; Dorado Hernandez, Diego Rafael
Los entes territoriales están plagados de políticas del orden nacional por desarrollar, impuestas legal o administrativamente. Muchas son desconocidas por los alcaldes y gobernadores, porque, es posible que no hayan participado, si quiera, en su estructuración. De otro lado, el acceso a los recursos públicos del Sistema General de Participación (SGP) o del Sistema General de Regalías (SGR) está atado al cumplimiento de programas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y a la presentación o formulación de proyectos de inversión, por lo que los proyectos propios deben ajustarse a la metodología y a las líneas de inversión definidas por el Gobierno Nacional. Ahora bien, la adecuación de un plan a los requerimientos exigidos tampoco es garantía de ejecución de este, pues el presidente de la República puede amenazar los recursos comprometidos en proyectos que ya los tenían y que aparecen en el programa de gobierno del mandatario municipal, por no alinearse a los nuevos propósitos políticos. De otra parte, los programas y planes que no encuadran en las líneas de inversión para el SGP o SGR es posible que no tengan una fuente de financiamiento, por la precariedad de los recursos propios de la mayoría de los municipios. Lo anterior, ha llevado a hablar de un proceso de re-centralización por la fallida implementación del proceso descentralizador. Después de más 30 años, la autonomía de los entes territoriales es bastante limitada y desorganizada; muchos de sus deberes, en cuanto a algunas políticas públicas, son confusos o desconocidos.
Análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y su plan plurianual de inversiones : desafíos y retos respecto de los principios generales en materia de planeación
(Pontificia Universidad Javeriana) Rebolledo Castillo, Keila Beatriz; Rosada Sánchez, Karen Tatiana; Carrillo Rodríguez, Alix Vanessa; Burgos Garavito, David Alexander; David Canchila, Monsalve; Obando Belalcázar, Stefan Augusto; Durango Ferreira, José David; Hernández Galindo, José Gregorio; Zafra Roldan, Gustavo; González, Jorge Iván
La planeación es una actividad económica que consiste en la identificación de problemas, recursos y objetivos. Tal figura se manifiesta en el derecho público a través de instrumentos de planificación estatal, que además velan por la concertación y consenso de políticas públicas. Los artículos 339 y siguientes de la Constitución colombiana de 1991 prevén el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales como hojas de ruta para la gobernanza a corto, mediano y largo plazo. El Plan Nacional de Desarrollo contiene, además de lo descrito, disposiciones instrumentales para el logro de los objetivos ahí contenidos. Sin embargo, en la práctica ello hace de este instrumento una “ley ómnibus” que comprende múltiples asuntos sin unidad temática. A partir de un estudio doctrinal sobre el concepto de planeación, así como un estudio jurisprudencial sobre el requisito de unidad de materia de las leyes, este documento valorará si el articulado del Plan Nacional de Desarrollo se ajusta a su fin planificador. Asimismo, se verificará la incidencia del Plan Nacional de Desarrollo en la actividad estatal y la coordinación interinstitucional para la financiación y ejecución del Regiotram de Occidente, proyecto de inversión estratégico para Bogotá D.C.
Hacia la universalidad en la cobertura de los beneficios económicos otorgados como protección al desempleo en Colombia
(Pontificia Universidad Javeriana) Peñaloza Caicedo, Victor Andres; Castro Delgado, Efrain; Prieto, Carlos
La ayuda mutua para enfrentar necesidades sociales ha estado presente desde los albores de la humanidad, encomiable esfuerzo que los Estados han asumido institucionalmente a partir de la creación de sistemas de previsión garantes frente a diversas contingencias. Colombia no ha sido la excepción. Coherente con la constitucionalización de la seguridad social y como una de sus aristas, al interior del Sistema de Subsidio Familiar se creó el Mecanismo de Protección al Cesante – MPC, como estrategia fundamental orientada a atender la contingencia social del desempleo a través de la solidaridad institucionalizada. Pero a pesar de su trascendental introducción y de su acertada combinación de políticas activas y pasivas en materia de desempleo, aflora que sus prestaciones se circunscriben únicamente a trabajadores formales, aún en medio de un mercado laboral altamente segmentado e informal. Ergo, el presente artículo reflexiona sobre el encuentro de un conjunto de criterios de conveniencia y viabilidad financiera y jurídica sujeto a los cuales se pueda acometer el rediseño de los beneficios económicos otorgados como protección al desempleo con miras a la universalidad, esto es, a fin de que se pueda pensar un seguro de desempleo con cobertura para trabajadores cesantes formales e informales en Colombia.
Análisis de las decisiones de vinculación de las Compañías Aseguradoras por parte de la Contraloría General de la República : estudio de la Circular No. 005 del 16 de Marzo De 2020
(Pontificia Universidad Javeriana) Díaz Urriago, Daniel Hernando; Forero López, Anderson; Botero Arango, Santiago; Gutierrez, Armando
Con ocasión del ejercicio de la profesión, se tiene conocimiento de una problemática que se ha venido presentado debido a las decisiones de vinculación proferidas por la Contraloría General de la República y contralorías territoriales a través de las cuales vinculan a las compañías aseguradoras en calidad de tercero civilmente responsables al proceso de responsabilidad fiscal. Ésta consiste en el impacto que dichas decisiones han tenido en el mercado asegurador y reasegurador debido al desconocimiento de los riesgos asumidos por las compañías aseguradoras en la medida en que la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, al momento de realizar dicha vinculación, no tienen en cuenta las condiciones particulares y generales del contrato de seguro. Para explicar mejor la problemática, se debe tener en cuenta el siguiente contexto: En el marco del control posterior y selectivo establecido en el artículo 267 de la Constitución Política, la Contraloría General de la República adelanta procesos de responsabilidad fiscal para lograr el resarcimiento del daño que sufrió una entidad estatal, causado por una acción u omisión de los servidores públicos o particulares que administran recursos públicos. En efecto, la determinación de responsabilidad fiscal sobre estas personas tiene como finalidad lograr la indemnización del daño que sufrió el patrimonio del estado por cuanto el pago de la condena que recae sobre ellos está destinada a reconstruir el patrimonio de la entidad afectada, sea del orden nacional o territorial . A pesar de que las distintas contralorías pueden solicitar el pago de la condena a las personas declaradas responsables fiscalmente, también pueden hacerlo a las compañías aseguradoras que han sido vinculadas al proceso y condenadas en su calidad de tercero civilmente responsable. En efecto, el ordenamiento jurídico permite la vinculación de las compañías aseguradoras en calidad de tercero civilmente responsable en este tipo de procesos, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 610 de 2000. Esto en la medida en que existen algunos contratos de seguros que tienen naturaleza indemnizatoria y que cuyo riesgo está relacionado con los hechos generadores del daño. De esta manera, resultan vinculadas a este tipo de proceso personas que, sin ser gestores fiscales, pero debido al riesgo asumido con ocasión de la celebración de un contrato de seguro, pueden resultar condenadas al pago de la indemnización. No obstante, teniendo en cuenta que la naturaleza de la responsabilidad de las compañías aseguradoras es civil y no fiscal, se requiere un estudio diferente a los elementos que configuran la responsabilidad fiscal, para determinar la procedencia de la vinculación. En efecto, las consideraciones que se deben tener en cuenta son propias del Derecho Privado que responden a las instituciones de Derecho Civil y Comercial, por un lado, y a la aplicación de las condiciones particulares y generales del contrato de seguro , por otro lado. Precisamente, debido a esto, se han presentado problemas frente a las decisiones de vinculación por cuanto las Contraloría General de la República y las contralorías territoriales no tiene en cuenta el riesgo asumido por parte de las compañías de seguros, desconociendo las normas que están llamadas a regular la responsabilidad de estas. La principal consecuencia se puede evidenciar en el mercado asegurador y reasegurador . En estos se ha logrado evidenciar una pérdida de interés por parte de las compañías aseguradora y reaseguradoras para la asunción de los riesgos relacionados con los hechos generadores de daño que pueden ser ventilados en los procesos de responsabilidad fiscal. Adicionalmente, específicamente en el segundo mercado, se han presentado controversias entre la compañía aseguradora y reaseguradora. Por ejemplo, discusiones sobre el pago de honorarios para la defensa de los intereses de la compañía asegurado en el proceso de responsabilidad fiscal cuando existen distintas vigencias vinculadas y cada una corresponde a un reasegurador diferente. Debido a lo anterior, el Ex-Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, profirió la Circular No. 005 del 16 de marzo de 2022, por medio de la cual impartió instrucciones a los funcionarios de la Contraloría General de la República, y a las distintas unidades de investigación que adelantan las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal, incluyendo la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, con la intención de que el riesgo asumido por las compañías aseguradoras consignado en las condiciones particulares y generales del contrato de seguro sean respetados en las decisiones de vinculación en su calidad de terceros civilmente responsables. Si bien se espera el cumplimiento de las instrucciones contenidas en dicha circular por parte de los servidores públicos de la Contraloría General de la República, se siguen profiriendo decisiones de vinculación en contravía de las instrucciones consignadas en dicha circular. Por lo anterior, ante la problemática que actualmente se presenta, resulta indispensable conocer el motivo por el cual la Unidad de Investigaciones Especiales Contra Corrupción de la Contraloría General de la República no está aplicando las instrucciones contenidas en la Circular. Desde luego, se pretende evidenciar un problema relevante en el marco del control fiscal, en relación con acatamiento de las instrucciones contenidas en la Circular No. 005 del 16 de marzo de 2022. Esta situación, que incide directamente en el principio de legalidad y en la seguridad jurídica de los terceros civilmente responsables, constituye un tema de gran trascendencia y actualidad en el ámbito jurídico. Dicho lo anterior, se pretende comenzar el presente trabajo con el estudio de los aspectos básicos del control fiscal, de la responsabilidad fiscal y del proceso de responsabilidad fiscal, para tener el marco conceptual donde se presenta la problemática. Paso seguido, se analizará la regulación y alcance de las circulares para determinar el desarrollo que el ordenamiento jurídico les ha dado. Mencionado lo anterior, se estudiarán las decisiones de vinculación proferidas por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, entre el entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de agosto de 2023, en el marco del proceso ordinario de responsabilidad fiscal, para determinar si los servidores públicos están aplicando las instrucciones contenidas en la Circular. Posteriormente, se hará un análisis sobre la responsabilidad que puede conllevar el desconocimiento de las instrucciones consignadas en la Circular frente a los servidores públicos que toman la decisión de vinculación y, finalmente, se presentarán las conclusiones frente a la investigación.
La responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en la interrupción voluntaria del embarazo -IVE- : presupuestos que configuran dicha responsabilidad por sus acciones u omisiones en su condición de prestador de servicios de salud.
(Pontificia Universidad Javeriana) Escobar Mesa, Jorge Andrés; Quintero Pérez, Nicolás; Vergara Villamizar, Luis Rafael; Sánchez Luque, Guillermo
En Colombia, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha sido reconocida como un derecho fundamental solo en años recientes. Fue en 2006 cuando la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto, permitiéndolo en tres circunstancias específicas: peligro para la vida o salud de la madre, malformación del feto incompatible con la vida y embarazo como consecuencia de abuso sexual o inseminación no consentida. La Corte en Sentencia C-055 de 2022 amplió este derecho al despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, destacando la decisión de interrumpir o continuar un embarazo como profundamente íntima y significativa para la vida de la persona gestante. Además, esta corporación exhortó al Estado a desarrollar políticas públicas para garantizar el acceso pleno y libre a este derecho. Sin embargo, en 2024, aún persisten barreras que limitan su ejercicio, como lo demuestran las múltiples acciones de tutela relacionadas con el tema. De ahí, esta investigación busca determinar si las acciones u omisiones del Estado, tales como la negligencia o las demoras administrativas en la garantía de este derecho, configuran responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, para lo cual se analizará la jurisprudencia del Consejo de Estado y se examinará el incumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene como prestador de servicios de salud.
Efectividad de la participación ciudadana en el área metropolitana del Valle de Aburrá : análisis de la estructura de gobierno y mecanismos democráticos
(Pontificia Universidad Javeriana) Quintero Ramírez, Daniel Alejandro; Sanclemente Machado, Daniela; Coronel Hernández, Carlos Antonio
El presente estudio se centra en analizar la efectividad de la participación ciudadana en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con un enfoque en la estructura de gobierno y los mecanismos de representación y deliberación. Se postula que una estructura de gobierno que promueva la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas facilitará una participación ciudadana más activa y significativa en los procesos de toma de decisiones metropolitanas. A través de un diseño de investigación cualitativo y descriptivo hermenéutico, que incluye una revisión documental y análisis teórico, se examinarán las relaciones entre los municipios integrantes y los órganos metropolitanos, identificando desafíos y oportunidades para fortalecer la gobernanza metropolitana. El estudio culminará con recomendaciones para mejorar la estructura de gobierno y los mecanismos democráticos en la región, con el objetivo de contribuir al entendimiento y mejora de la gobernanza metropolitana en el Valle de Aburrá.
Análisis de las estructuras administrativas utilizadas en la implementación del modelo de Catastro Multipropósito frente a la Ley 489 de 1998
(Pontificia Universidad Javeriana) Carrillo Buitrago, Darly Rocío; Ortiz Carrasquilla, Carlos Mauricio; Hernandez Galindo, Jose Gregorio; Arbouin Gomez, Felipe
La presente monografía examina las estructuras administrativas a nivel territorial empleadas en la implementación del modelo de Catastro Multipropósito en Colombia, conforme a la Ley 489 de 1998, con ocasión de su transformación de función administrativa a servicio público, dada en la Ley 1955 de 2019 y hasta el mes de marzo de 2024. Esto se logra, a través de un análisis detallado de la evolución legislativa e histórica de la gestión catastral desde el periodo republicano temprano hasta la actualidad, visto desde dos puntos, su enfoque fiscalista y posteriormente multipropósito; y su modelo como servicio púbico. Con este importante contexto, se estudia el ajuste de estas estructuras denominadas gestores catastrales frente a la Ley 489 de 1998 y el régimen propio del servicio público. Esto se logró contrastando datos obtenidos del IGAC como máxima autoridad catastral del país, con los actos administrativos de creación o estructuración de las treinta y nueve (39) entidades prestadoras del servicio público de la gestión catastral multipropósito en el país, que se habilitaron a partir del cambio dado en el año 2019. Adicionalmente, las conclusiones a las que se llega durante la lectura del documento, se busca proponer mejoras para para fortalecer la construcción de un régimen integral del servicio público regulado por Ley y aprovechar la herramienta de gestión pública y territorial que resulta del catastro multipropósito, dada su importancia para la formulación de las políticas públicas y focalización de inversión del Estado.
El Carácter de la Medida Correctiva de Multa en la Ley 1801 de 2016 y sus implicaciones para el Derecho Administrativo
(Pontificia Universidad Javeriana) Zapata Rodriguez, Cristian Camilo; Estacio Rodriguez, Jorge German; Euripides Parra, Jose
La presente investigación se centrará en determinar cuáles fueron las razones e implicaciones que tuvo en el territorio colombiano la adición del Artículo 223 A en la Ley 2197 de 2022 sobre los principios que rigen la ley 1801 de 2016, dentro del comportamiento que afecta las relaciones entre las personas y las autoridades señalado en el numeral 2, Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016. Motivo por el cual se debe analizar no solo el contexto global colombiano, sino también el contexto específico del territorio bogotano, para generar con ello la yuxtaposición de ideales políticos y como los mismos afectan los diferentes territorios de la Nación; el presente documento se realiza utilizando el método analítico de tipo cualitativo, en razón, a que se desarrolla recopilando información, realizando una identificación de parámetros académicos que permiten a su vez realizar una valoración conceptual de la hipótesis general de la investigación.
Arreglos institucionales para fortalecer el procedimiento de la conciliación como mecanismo para dirimir conflictos en asuntos administrativos laborales
(Pontificia Universidad Javeriana) Redondo Vanegas, Maribel Paola; Siabatto Quemba, Milena Isabel; Hernández Galindo, José Gregorio; Ibarra, Sandra
El presente trabajo de investigación propone un análisis sobre la conciliación extrajudicial en asuntos administrativo-laborales, su reseña histórica, evolución legal y transición normativa de la conciliación como requisito obligatorio previo a demandar, esto con el fin de encontrar posibles arreglos institucionales al procedimiento que permitan que la figura cumpla con los fines legales para lo cual fue creada. Así mismo, se realiza un análisis de las respuestas emitidas por los diferentes actores dentro del proceso de conciliación prejudicial, estos son, las entidades públicas, la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda; con la finalidad de establecer las falencias que presenta el mecanismo para la resolución de controversias en asuntos laborales, estudiando y citando los pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales respecto a la seguridad jurídica en la transición normativa de la conciliación como requisito obligatorio a facultativo previo a demandar.
SECOP : luces y sombras sobre la realidad de la sistematización y el uso de las telecomunicaciones en la contratación colombiana
(Pontificia Universidad Javeriana) González Miranda, Camilo Andrés; Barón Ladino, Daniela Marcela; Rincón Gómez, Manuel Andrés
El objeto del presente articulo consiste en hacer una comparación entre los elementos que constituye el principio de selección objetiva en materia de contratación estatal, con respecto a la caracterización que tiene el sistema SECOP, de tal forma, que se cuente con los insumos necesarios para determinar si los componentes que exige el principio de selección objetiva se logran efectuar por medio de dicho sistema. En ese orden de ideas, se desarrollara esta investigación en tres ejes temáticos principales, i) descripción del alcance del principio de selección objetiva, ii) caracterización del sistema SECOP, iii) determinación de cambios que deben ser desarrollados en el sistema. De tal forma, que se pueda concluir que la implementación de las tecnologías en materia de contratación estatal genera un valor significativo en la gestión del conocimiento y la innovación no solo para cumplir con los elementos constitucionales y legales que implica esta selección, sino que aporta en la eficiencia de la administración.
La responsabilidad precontractual de las entidades estatales que están sometidas al derecho privado, luego de la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 3 de septiembre de 2020
(Pontificia Universidad Javeriana) Neira Rojas, Jairo Luis; Marín Santoyo, Manuel Eduardo; Rodríguez Prieto, Viviana Carolina
El régimen jurídico especial que el legislador estableció para determinadas entidades estatales tradicionalmente ha representado dificultades para la resolución de las controversias sometidas al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Las controversias originadas en la actividad precontractual de las entidades públicas sometidas al derecho privado no han sido la excepción. Recientemente el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con la responsabilidad precontractual de las entidades estatales sometidas al derecho privado. Así, el objeto de este trabajo es estudiar las implicaciones que ha tenido esta sentencia de unificación para la resolución de los casos de responsabilidad precontractual de las entidades sometidas al derecho privado, así como los retos que deben ser asumidos por el Consejo de Estado en el futuro cercano.
Análisis del Incidente de Impacto Fiscal en la Tutela Efectiva de los Derechos Constitucionalmente Protegidos en Colombia
(Pontificia Universidad Javeriana) Salazar Bautista, Rafael Leonardo; Oviedo Arbeláez, Tarcisio Hernán Carlos Augusto; Ramirez Laguado, Fernando Augusto
El presente trabajo aborda una problemática central en el constitucionalismo contemporáneo: la tensión existente entre la plena garantía judicial de los derechos y las limitaciones presupuestales que enfrenta el Estado. Se trata de un debate complejo que involucra múltiples aristas jurídicas, políticas, de hacienda pública y economía. En el fondo subyace la pregunta sobre si es posible alcanzar un orden social justo, que atienda a las necesidades colectivas y promueva la equidad, en conjunción con una justicia material a nivel individual, asegurando que cada persona tenga acceso a condiciones dignas de vida, en sociedades con profundas desigualdades y recursos escasos; o si, por el contrario, la escasez obliga a modular ciertas aspiraciones igualitarias en aras de lograr equilibrios prudentes entre derechos y recursos disponibles, prevaleciendo el bienestar general, la protección de los derechos colectivos y el cumplimiento de los fines del Estado, contenidos en el artículo 2 del texto constitucional. Esta monografía pretende analizar cómo la aplicación del llamado “incidente de impacto fiscal” ha representado en Colombia, un límite a la plena garantía judicial de los derechos reconocidos en la carta política de 1991. Valga destacar, que este mecanismo, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano en 2011, mediante reforma al artículo 334 de la Constitución, permite al Gobierno Nacional objetar las decisiones dictadas por los jueces cuando se advierta que tienen impacto fiscal directo y negativo en las finanzas públicas. Lo anterior, con la salvedad realizada por el constituyente derivado, consistente en que ninguna autoridad administrativa, legislativa o judicial puede invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
El riesgo social en contratos de concesión de infraestructura vial bajo el esquema APP - Estudio de caso : contrato de Concesión APP No. 11 de 2015
(Pontificia Universidad Javeriana) Prieto García, Álvaro; Peñaranda Álvarez, Mariajosé; Sosa-Rostán García, Esteban; Gutiérrez Ramírez, Alejandro
La presente investigación se centra en el estudio del riesgo social a partir de su acaecimiento en el marco del Contrato de Concesión APP No. 11 de 2015 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Nuevo Cauca S.A.S., que tiene por objeto la construcción, mejoramiento y operación del tramo vial comprendido entre Popayán y Santander de Quilichao, en el Departamento del Cauca. Se verificó que ni el ordenamiento jurídico aplicable ni el citado Contrato prevén mecanismos adecuados para afrontar el advenimiento del mencionado riesgo, lo que implicó dificultades sustanciales en la ejecución del Contrato y en la tipificación, estimación, asignación y administración del riesgo.
Caducidad en la desaparición forzada : ¿objeto de protección, limitación o revictimización?
(Pontificia Universidad Javeriana) Sánchez Moreno, Nataly; Aguillón Pachón, Ximena Alexandra; Pérez Medina, Gonzalo; Prieto SanJuan, Rafael Arturo
El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la aplicación de la caducidad en procesos de reparación directa por desaparición forzada en Colombia evidenciando posibles roces con la justicia material y los derechos de las víctimas, para lo cual se adoptó una metodología cualitativa a través de un enfoque hermenéutico que permitió analizar la normatividad y jurisprudencia pertinente al derecho administrativo, así como otros textos que surgieron a través de la búsqueda documental. Inicialmente se conceptualizó la desaparición forzada como delito de lesa humanidad y se analizó su tratamiento en la jurisdicción contencioso-administrativa, para luego examinar con detenimiento la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre caducidad en estos casos y su aval por la Corte Constitucional. Se encontró que, a pesar de existir una norma especial de caducidad para este tipo de delito, en la práctica, los administradores de justicia aplican otros criterios, generando incertidumbre en los administrados. Se concluyó que la caducidad en estos casos podría limitar el acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas, entrando en tensión con estándares internacionales. Se recomendó definir un punto de partida claro para la caducidad en desaparición forzada, en armonía con el derecho internacional, para garantizar la seguridad jurídica.
Ley 2195 de 2022 como política de transparencia y anticorrupción : límites y consecuencias del artículo 58 frente al régimen sancionatorio
(Pontificia Universidad Javeriana) Alfaro Serrato, María Paula; Nuño Henao, Jose Enrique; Pinzón Jiménez, Iván Mauricio
La presente investigación contiene un análisis de la Ley 2195 de 2022 desde su denominación de Ley de Transparencia, con el fin de determinar su alcance y entender hasta qué punto con su artículo 58 permea el ámbito de la contratación estatal, y si de esa manera se extralimita en su objeto o no, el cual de acuerdo con su artículo primero corresponde a “adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.” Así mismo, se hace un análisis más específico de la preceptiva en cuestión, con el fin de poder determinar si este ha aportado de una manera efectiva a la disminución de la corrupción en Colombia, y de la afectación negativa de la aplicación de la reducción del 2% del puntaje total de las ofertas de que esta trata en cabeza de los participantes en procesos de selección. Finalmente, se plantean unos criterios que permitan acoplar de una manera más exacta dicha norma a su objetivo real que es la lucha contra la corrupción ya que, con su redacción actual, simplemente crea trabas o afectaciones a los proponentes que hayan sido sancionados en el último año por cualquier razón indeterminada.
El Control Fiscal del Estado en cabeza de la Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales y Distritales: una reflexión sobre la Autonomía y la Descentralización Administrativa
(Pontificia Universidad Javeriana) Cubillos Garcia, Zuli Yeraldine; Ramos Beltrán, Oscar Alfredo; Burbano Ortiz, Blanca Lucia; Tobo Rodríguez, Isduar Javier
El control fiscal se constituye como uno de los elementos indispensables en el desarrollo de todo Estado contemporáneo, pues se hace menester velar porque las instituciones que ejercen el poder público hagan un buen uso de los recursos del Estado, y que cumplan sus labores de acuerdo con la ley. En el desarrollo del presente trabajo investigativo se pretende ahondar más en estas cuestiones, indagando acerca del órgano de control fiscal por excelencia, como lo es la Contraloría General de la República, institución que tiene una trayectoria destacada dentro del aparato gubernamental colombiano. Es así que en primer lugar se pretende analizar sobre lo que es el control fiscal y su ejercicio, como resultado del surgimiento del concepto de Estado de Derecho; posteriormente, se hablará acerca del desarrollo histórico que ha tenido este control en Colombia, desde tiempos coloniales hasta la actualidad. Una vez hecho esto, se procederá a tratar lo referente a la regulación de esta institución dentro del ordenamiento jurídico, describiendo las funciones que desempeña la Contraloría, incluyendo las contralorías que ejercen el control fiscal tanto en los Departamentos como en los Municipios que conforman el territorio nacional. Para lograr el objetivo de esta tesis consistente en analizar la necesidad y efectividad de la existencia de las contralorías departamentales y municipales, y reconocer que debe conservarse el criterio amplio de la descentralización territorial que hoy impera, y está en evolución, es necesario referirnos a la Auditoría General de la República, institución que tiene como objetivo llevar a cabo la vigilancia de la gestión fiscal ejercido por la Contraloría General de la República, y las contralorías departamentales y municipales mediante los sistemas de control financiero, de gestión y de resultados, razón por la cual se realizó un análisis profundo de los antecedentes legales y jurisprudenciales de esta entidad, y de sus informes acerca de los comportamientos y resultados obtenidos por este ente fiscal respecto a las contralorías mencionadas, lo que finalmente nos aclaró el panorama respecto a la hipótesis formulada en esta tesis.
La interdependencia entre el régimen jurídico contractual de las entidades estatales y las reglas procesales para su control judicial: ¿Una «readecuación» jurisprudencial del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo?
(Pontificia Universidad Javeriana) Silva Muñoz, José David; Hernández Guerrero, Christian Alier; Sánchez Luque, Guillermo
Es necesario reconocer que uno de los aspectos más controversiales en la contratación estatal es el régimen jurídico aplicable a la actividad negocial de las entidades públicas, tópico que, actualmente, supone un variado catálogo de desafíos conceptuales, tanto en el plano sustancial como en el procesal. En ese sentido, la normativa a la cual se somete la actividad contractual constituye un criterio que permite diferenciar unas entidades estatales de otras, específicamente: [i] aquellas que se gobiernan por lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y [ii] las que no se someten a este, sino a lo previsto por las normas especiales que las rigen, preponderantemente el derecho privado . En este punto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado precisamente ha advertido las implicaciones sustanciales y procesales de que el régimen de contratación de una entidad pública sea el EGCAP u otro exceptuado, en este último caso llegando inclusive a «readecuar» conceptos y criterios propios del derecho administrativo. En tal virtud, este trabajo de grado pondrá en evidencia las diferencias que se derivan del hecho de que una entidad estatal se rija o no por las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, específicamente, en lo relativo al alcance teórico y práctico de las reglas adjetivas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Las excepciones al Principio de Congruencia en el procedimiento administrativo general regulado en la Ley 1437 de 2011
(Pontificia Universidad Javeriana) Llerena Rodas, Gustavo José; Morales Trujillo, Juan Camilo; Pinzón Jimenez, Iván Mauricio
El presente trabajo de investigación se dedica a analizar los fundamentos dogmáticos que facultan a la autoridad administrativa a decidir las actuaciones administrativas de forma ultra y extra petita, como excepción al principio de congruencia, mediante un acto administrativo motivado, en el ordenamiento jurídico colombiano, para lo cual se parte de analizar los principios que inspiran la filosofía jurídica del estado, así como la protección de los derechos fundamentales y las garantías del derecho al debido proceso. Para el efecto, se repara en el procedimiento administrativo general contenido en la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), haciendo énfasis tanto en sus principios como su esquema y finalidad; teniendo presente que no existe norma expresa en el ámbito administrativo que habilite a decidir extra y ultra petita, lo que impone analizarla partiendo de su aplicación en el ámbito judicial y los límites constitucionales. Finalmente, se establecerán los supuestos fácticos y jurídicos para aplicar la excepción al principio de congruencia.
Los efectos de la estabilidad laboral reforzada por salud otorgada a los uniformados en la misión constitucional que cumple la policía nacional
(Pontificia Universidad Javeriana) Palomo Bermúdez, Fernando Andrés; Quintero, Frey Fernando; Terreros Calle, Carlos Fernando; Ibarra Vélez, Sandra Lisset
La estabilidad laboral reforzada por salud en la Policía Nacional tiene varios impactos con diversas cargas en la relación institución-trabajador. En la presente investigación se aborda el hecho jurídico desde un enfoque crítico, notando que la aplicación de dicha figura si bien se debe enmarcar en la garantización de derechos humanos a los uniformados, también, debe darse en una consideración amplia, objetiva y diferencial, de acuerdo al deber ser y misión constitucional que cumple la Institución. De esta manera, a partir una revisión jurisprudencial, doctrinal y apoyada en estadísticas de la administración desde una delimitación temporal del 2018 al 2022, se determina el impacto que tiene la aplicación actual de la estabilidad laboral reforzada por salud en la Policía Nacional.
El soft law en el derecho administrativo, análisis de las guías, manuales y circulares emitidas por colombia compra eficiente y sus implicaciones en el desarrollo de la actividad contractual del estado
(Pontificia Universidad Javeriana) Mejía Bocanegra, Felipe; Rivera Güiza, María Fernanda; Suárez Beltrán, Gonzalo; Rodriguez Prieto, Viviana Carolina
El presente trabajo de investigación propone un análisis sobre la influencia del soft law en derecho administrativo, su control judicial y las diferentes tesis acogidas por el Consejo de Estado hasta el momento. Adicionalmente la tesis realiza un análisis sobre las funciones asignadas a Colombia Compra Eficiente, como entidad rectora de la Contratación Estatal en Colombia, y la influencia que tiene en el desarrollo de la función administrativa de las entidades estatales dentro de los procesos de compras públicas. Así mismo, se revisan los pronunciamientos del Consejo de Estado en vigencia del Código Contencioso Administrativo y posteriormente con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y finalmente se analizan los diferentes documentos expedidos por la CCE.
La calificación de capacidad psicofísica en la Policía Nacional requisitos, reconocimiento y problemática
(Pontificia Universidad Javeriana) Beltran Hernandez, Carlos Andres; Barrera Castro, Jose Luis; Hernandez Galindo, Jose Gregorio; Pinilla Pinilla, Nilson Elia
En este documento se pretende presentar un análisis crítico al dictamen expedido por el organismo médico laboral de primera instancia de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, a partir de la verificación de las actas de Junta Medico Laboral (JML) que presentaron inconsistencias en la calificación por el incumplimiento de los requisitos técnicos y normativos durante el trámite de reconocimiento prestacional (indemnización - pensión de invalidez) para los años 2017 – 2018 que fueron objeto de auditoria por parte del Área de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Este estudio descriptivo se desarrollará bajo tres ejes temáticos: 1) la naturaleza jurídica de las actas de Junta Médico Laboral; 2) el reconocimiento prestacional como consecuencia de la calificación de la capacidad psicofísica; 3) los medios de control existentes en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y su aplicación en tales dictámenes. En tal sentido, se realizará el desarrollo normativo del procedimiento administrativo para el reconocimiento de prestaciones económicas por secuelas definitivas de patologías, lesiones y/o afecciones calificadas en Junta Médico Laboral, identificando causas y criterios de evaluación para la expedición de dictámenes médico laborales sin los requisitos y elementos propios consagrados en la ley, menoscabando el erario público.
Declaración unilateral de multas de convenios y contratos interadministrativos en Colombia
(Pontificia Universidad Javeriana) Garzon Ortega, Angie Daniela; Garzon Buenaventura, Edgar Fabian; Suarez Beltran, Gonzalo
La celebración de contratos estatales bajo la óptica del cumplimiento de los fines esenciales que le asiste al Estado, tienen como virtud la celebración de contratos que permitan satisfacer las necesidades que tienen las instituciones para asegurar el bienestar de los administrados, es así que resulta ser fundamental dentro de esta órbita del derecho realizar contrataciones que permitan el desarrollo y ejecución de la colaboración armónica de las entidades estatales dentro de los cuales se desarrollan convenios y contratos interadministrativos, los cuales tendrán que garantizar la respectiva ejecución del objeto contractual, sin embargo, se trae a discusión elementos propios de la imposición de la respectiva multa, en los convenios y contratos interadministrativos que permitan obtener una sanción a causa de un incumplimiento y generación de procesos para resarcir un perjuicio o daño causado por la indebida ejecución del objeto contractual y/o incumplimiento del mismo.
La potestad sancionadora de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., las garantías al debido proceso de los vigilados y el principio de autonomía médica
(Pontificia Universidad Javeriana) Tavera Marín, Jennifer; Laverde Álvarez, Juan Manuel; Pinzon Jimenez, Ivan Mauricio
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., adelanta los procesos administrativos sancionatorios contra los proveedores de servicios de salud, los cuales se llevan a cabo por presuntos incumplimientos a las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, al no existir un límite normativo claro, existe la posibilidad de que la entidad territorial vulnere las garantías procesales y emita una decisión sancionadora que viole el principio de autonomía médica. En este sentido, la presente investigación tiene como fin determinar los factores que permiten señalar que en el marco de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. ha vulnerado el principio de autonomía médica y las garantías procesales de los vigilados.
Incidencia Jurídica de las circulares de servicios de la Secretaria Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el periodo 2020 a 2022
(Pontificia Universidad Javeriana) CORREDOR ARTEAGA, ALFONSO; SUÁREZ BELTRAN, GONZALO; ALBARACCÍN FLÓREZ, EDWIN
El estudio tiene como fin específico analizar la incidencia jurídica de las circulares de servicios, entendidas como parte del soft law o derecho blando, de la Secretaría Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el período 2020 a 2022. La problemática se centró en que la promulgación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) el cual ha llevado a que la postura jurisprudencial del Consejo de Estado no sea pacífica, lo que podría poner en evidencia la existencia de vacíos al interior de la administración respecto al uso de las circulares de servicio. Como consecuencia, la pregunta de investigación que se definió fue ¿Cuál es la incidencia jurídica de las circulares de servicio de la Secretaría Distrital de Movilidad de la Administración de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el período 2020 a 2022? Para dar respuesta se llevó a cabo un análisis jurisprudencial y el estudio de las actuaciones de la Alcaldía de Bogotá en la Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de determinar si realmente son circulares de servicios como instrumento del Soft Law o a contrario sensu si no actos administrativos y, por tanto, implica efectos jurídicos. La hipótesis de investigación es que la Administración de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en particular de la Secretaría Distrital de Movilidad, no cumple de manera eficiente en la promulgación de las circulares de servicios como parte del soft law, en la medida que algunas de ellas podrían terminar por ser actos administrativos con claros efectos jurídicos, con lo cual no se estarían utilizando en debida forma los parámetros normativos y jurisprudenciales sobre estas circulares. Por último, se observa si las circulares de servicio están sujetas a control jurisdiccional del contencioso administrativo.
Responsabilidad Patrimonial Extracontractual del Estado por daños ambientales consecutivos: Un análisis jurisprudencial
(Pontificia Universidad Javeriana) Pedreros Maldonado, María Alejandra; Suárez Beltrán, Gonzalo; Garzón Pedroza, Jorge Andrés
La presente investigación busca establecer cuáles son los parámetros jurisprudenciales para atribuir responsabilidad patrimonial extracontractual al Estado por daños ambientales consecutivos. En torno al régimen de responsabilidad mencionado, la jurisprudencia contenciosa administrativa ha desarrollado una tipología de daños al medio ambiente. Básicamente ha establecido la existencia de daños ambientales puros y daños ambientales consecutivos. Además, ha utilizado los títulos jurídicos de imputación de falla en el servicio, riesgo excepcional y daño especial y ha propendido por reconocer reparaciones que van más allá del ámbito económico. Luego, la investigación es relevante, en la medida en que permitirá construir un análisis jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por daños ambientales consecutivos para efectos de determinar si existe la necesidad de unificar los parámetros aplicables a ese tipo de casos para generar seguridad jurídica y, por lo tanto, garantizar la reparación integral de esa tipología de daños. Sobre el particular, autores como Hugo Andrés Arenas Mendoza, María del Pilar García Pachón, Héctor Santaella Quintero, Juan Carlos Henao, Mauricio Rueda Gómez y Enrique Gil Botero tratan las particularidades sobre el régimen medioambiental del Estado colombiano. Los argumentos que se expondrán se construyeron a través de las posturales doctrinales de los autores citados y el análisis jurisprudencial compuesto principalmente por pronunciamientos de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que versan sobre las definiciones que representan el objeto de la investigación, dentro de las cuales se incluye el daño antijurídico, daño consecutivo en materia ambiental, nexo de causalidad material, títulos de imputación jurídica, responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado aplicadas a casos concretos. Se seleccionaron los pronunciamientos de la Corporación mencionada porque aquella es la competente para resolver las pretensiones que formulan los particulares contra el Estado como consecuencia de la configuración de daños ambientales y específicamente se analizaron desde el año 2000 hasta la actualidad porque en este espacio temporal se evidencian los contrastes en las decisiones sobre casos similares. Para abordar la investigación se estructurarán cinco capítulos. El primero se centra en determinar el alcance de los deberes constitucionales y legales que radican en cabeza del Estado en materia de protección al medio ambiente. A partir del examen de las sentencias seleccionadas, el segundo, tercero, cuarto y quinto busca analizar la forma en la que se puede establecer el elemento del daño ambiental consecutivo, la causalidad material, el título de imputación jurídica y la reparación, respectivamente, en la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en materia ambiental.
¿Excede la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios su competencia al sancionar empresas por hechos, cuya sola ocurrencia generan consecuencias negativas previstas en la regulación?
(Pontificia Universidad Javeriana) Pinzón Mogollón, Nathalia Andrea; Lozada Urrego, Miguel Ángel; Pombo Cajiao, Rodrigo
En el marco de las funciones de control que ejerce la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superintendencia) en virtud del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, se ha cuestionado por parte de algunos prestadores de servicios públicos domiciliarios, el ejercicio de dicha función respecto de hechos cuya sola ocurrencia generan consecuencias negativas previstas en la regulación. Según se argumenta, en tanto la norma que contempla un hecho jurídico en materia de servicios públicos domiciliarios, a su vez contempla una consecuencia negativa, dicha consecuencia debe entenderse como la sanción por la comisión del hecho jurídico, por lo que, si la Superintendencia ejerciera su función sancionatoria, se atentaría contra el principio y garantía constitucional de non bis in ídem, según el cual “nadie puede ser sancionado dos veces por la comisión de un mismo hecho”. El presente trabajo pretende, a partir del análisis de dos investigaciones administrativas sancionatorias adelantadas por la Superintendencia , determinar, si las consecuencias negativas de la ocurrencia de un hecho contempladas en la regulación, invalidan la competencia de la misma para ejercer su función de control, o si por el contrario, dicha competencia puede ejercerse dentro del marco legal, sin que por ello se considere que se vulnera el principio de non bis in ídem, que debe garantizarse en el marco del derecho administrativo sancionador.
La discrecionalidad administrativa frente a los retiros de los miembros de la policía nacional : criterios de aplicación dispuestos por el consejo de estado
(Pontificia Universidad Javeriana) Torres Rincón, Gilberth Efrain; Usme Cardenas, Anderson; Laverde Alvarez, Juan Manuel; ibarra, sandra
La facultad de retiro discrecional, en cabeza del Director General de la Policía Nacional, es una herramienta jurídica con la cual es posible desvincular de la Entidad a algunos funcionarios, de manera directa; esto con el único fin de mejorar la función pública, potestad que se desarrolla en virtud del artículo 62 del Decreto Ley 1791 de 2000, la Ley 857 de 2003 y el artículo 64 de la Ley 2179 de 2021, que, por fuente legal, no requiere ser motivada. Dicha disposición ha sido objeto de revisión por parte de las autoridades judiciales, jueces administrativos y constitucionales en sede de demandada y de tutela, que han hecho necesario el pronunciamiento del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en varias ocasiones. De hecho, las conclusiones versan sobre la poca protección que ofrece la Corte Constitucional cuando indica que los actos administrativos de retiro deben contar con un estándar mínimo de motivación para “asegurar el debido proceso y el principio de legalidad”, mientras que en la sentencia de unificación del CE expedida en 2022, columna vertebral de esta investigación, la máxima autoridad administrativa se ciñe a la legalidad de que la motivación está en la recomendación de la Junta, brindando así, un abanico de posibilidades de defensa.
Declaración de la ocurrencia del siniestro de los amparos postcontractuales en los contratos estatales: análisis de la potestad y del procedimiento para su aplicación
(Pontificia Universidad Javeriana) Ruano Canchala, Jorge Camilo; Suarez Beltrán, Gonzalo; Barrera, William; Suarez Beltrán, Gonzalo
La declaración del siniestro de amparos en la etapa postcontractual por parte de la Administración Pública en los contratos estatales ha atravesado dos etapas en el ordenamiento jurídico colombiano. En la primera, se argumentaba su procedencia en virtud del ejercicio de la autotutela administrativa, como un beneficio de decisión y ejecución previa del cual goza la administración en sus decisiones. En la segunda, marcada por la entrada en vigor del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, su fundamentación pasó a ser parte de la categoría jurídica denominada potestades contractuales. La importancia de esta prerrogativa de la administración pública radica principalmente en su propósito de proteger el interés general y el patrimonio público, ante la materialización de los riesgos que pueden surgir en la etapa postcontractual de la convención. A su vez, la definición, alcance, límites y elementos de este privilegio han evolucionado conforme al grado de precisión establecido por el legislador y la experiencia de los tribunales administrativos. En este contexto, no ha sido una tarea fácil caracterizar esta figura jurídica, ya que su desarrollo ha sido influenciado por diversas tensiones que afectan de manera general a la categoría jurídica de las potestades contractuales. En ese sentido, las amplias discusiones que caracterizan las potestades contractuales han llevado a que las entidades estatales en calidad de operadores jurídicos dispongan de varias interpretaciones respecto del concepto de potestad y el procedimiento administrativo para ejercer algunas de estas prerrogativas, en específico, la mencionada declaración del siniestro de garantías. En el caso de la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado ha abordado este tema específico al proporcionar contexto de acuerdo con los desarrollos histórico-legales. Sin embargo, persisten discrepancias en cuanto al procedimiento apropiado para la aplicación de la potestad y sus manifestaciones, incluso dentro de la misma Corporación.
Análisis jurídico de los regímenes sancionatorios diferenciales entre los estudiantes del curso de profesionales de policía y los conscriptos en periodo de formación (auxiliares de policía)
(Pontificia Universidad Javeriana) Lozano Perdomo, Diego Libardo; Orozco Muñoz, Albeiro; Tautiva Oyuela, Diego Fernando; Oviedo Arbeláez, Carlos Augusto
En el presente trabajo presentamos un análisis jurídico, con el fin de establecer esa diferenciación en el régimen disciplinario aplicable a los estudiantes de las diferentes escuelas de policía, para integrar el nivel directivo (1 escuela) y nivel ejecutivo (13 escuelas), y, por otro lado, los jóvenes que por mandato constitucional y legal, prestan su servicio militar obligatorio en ese periodo de formación, llevando a analizar las razones jurídicas que justifican la aplicación de regímenes sancionatorios diferenciales, a partir de la discusión en torno a sí el desarrollo de dos procedimientos diversos a un grupo de jóvenes que tienen una similitud en su campo formativo, pero que tienen diferentes sanciones e inhabilidades, se presenta un trato diferencial que no tiene una razón objetiva que lo justifique, sino que se basa en criterios que vulneran el principio y derecho a la igualdad principio rector del orden constitucional y legal.
Reglamentos aeronáutico de Colombia parte decimotercera - RAC 13 - a la luz del principio de legalidad de las faltas y las sanciones
(Pontificia Universidad Javeriana) Herrera Sánchez, Alex Eduardo; Morales Trujillo, Juan Camilo; Durán Leal, Álvaro Mauricio
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se erige como la Autoridad Aeronáutica en Colombia y por lo tanto ha sido facultada para expedir los reglamentos aeronáuticos y para sancionar administrativamente su incumplimiento. No obstante, para ello debe sujetarse a los límites establecidos en la ley, especialmente al principio de legalidad de las faltas y las sanciones. El objetivo de este trabajo es determinar si la Aeronáutica Civil excedió sus facultades con la expedición de la parte decimotercera de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, adjudicándose una potestad meramente legislativa.
¿Regionalización desde el centro? caso de la región metropolitana de Bogotá - Cundinamarca
(Pontificia Universidad Javeriana) Rozo Ramírez, Laura Camila; Lago Montufar, Agustin Miguel; Trujillo, Augusto
La naturaleza de las asociaciones entre Entidades Territoriales se ha venido desarrollando en el país desde hace varios años, siendo novedosa la figura de las regiones metropolitanas en la legislación, la primera de ellas es la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, la cual fue creada mediante el Acto Legislativo 02 del 22 de julio de 2020, que modificó el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado mediante la Ley Orgánica 2199 de 2022, que expone que es una entidad administrativa de asociatividad regional con régimen especial, dotada de personería jurídica de Derecho Público, autonomía administrativa y patrimonio propio, a través de la cual las entidades territoriales que la integran concurren en el ejercicio de las competencias que les corresponden con el fin de hacer eficaz los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad en la función administrativa y en la planeación del desarrollo dada su interdependencia geográfica, ambiental, social o económica, sin que se exponga que tenga naturaleza de entidad territorial.
Responsabilidad disciplinaria derivada de la inobservancia del precedente judicial en la jurisdicción contencioso administrativa
(Pontificia Universidad Javeriana) Isaza Alsina, Alejandro Enrique; Laverde Álvarez, Juan Manuel; Marín Santoyo, Manuel Eduardo
El precedente jurisprudencial, como suma de decisiones, se ha revaluado, al punto que hoy ha adquirido un papel preponderante en nuestro ordenamiento jurídico como fuente formal del derecho con fuerza vinculante y obligatoria. En ese sentido, si bien es cierto que los jueces, por directriz constitucional (art. 230 C. P.), están sometidos solamente al imperio de la ley, también lo es que, al momento de tomar sus decisiones se encuentran cobijados por el deber jurídico de aplicar y seguir el precedente judicial preestablecido, ello con el fin garantizar la igualdad y la seguridad jurídica.
El derecho administrativo como fundamento de la potestad disciplinaria sobre los servidores públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro en el marco de la nueva codificación disciplinaria en Colombia: Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021
(Pontificia Universidad Javeriana) Castro Gil, Julian Felipe; Ibarra Vélez, Sandra Lisset; Marín Santoyo, Manuel Eduardo
El Trabajo de Tesis tiene como contexto el análisis sobre la potestad sancionadora del Estado en Colombia, que ha evolucionado en forma acelerada y es necesario precisar cuál es la estructura más adecuada para su ejercicio, ceñido a los principios y valores del Estado Social de Derecho que exigen la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el control del poder radicado en la autoridad pública. No es admisible la existencia de un área del Derecho Sancionador que no sea garante de los derechos humanos y no existe justificación a las restricciones basadas en conceptos o políticas públicas absolutas de “lucha contra la corrupción” o los postulados que - en el pasado- indicaban que los servidores públicos no tenían las mismas garantías de los particulares frente al Derecho Sancionador. Con la expedición de la Ley 2094 de 2021, por la cual se le concedió facultades jurisdiccionales a la PGN, se introdujo un escenario de incertidumbre en el Derecho Disciplinario porque una función tradicional de índole administrativa fue formalmente asimilada a una función jurisdiccional, desnaturalizando el sistema de responsabilidad disciplinaria en Colombia, donde el control interno disciplinario seguía siendo visto como una expresión del auto control de la Administración, pero el Control externo radicado en la PGN, pese a que cumple y desarrolla una misma función, se le daba un estatus diferente asimilable al ejecutado por los jueces de la República. Conocido el texto de la Sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, nueve meses después de haber culminado el presente trabajo, con la declaratoria de inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales otorgadas a la Procuraduría General de la Nación, entre cuyas conclusiones se indica que el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde a una actividad cuya naturaleza es propia del Derecho Administrativo y no constituye una función jurisdiccional, da lugar a la ratificación conceptual de la hipótesis de investigación planteada inicialmente desde el año 2022, conforme los considerandos 115 a 118 de la sentencia en referencia. De otra parte, más allá de la controversia que origina la Sentencia C- 030 de 2023 de no contribuir a un verdadero diálogo interjurisdiccional entre el derecho interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se pone punto final a la visión doctrinal de tener al Derecho Disciplinario como un área diferente, autónoma e independiente del Derecho Penal y del Derecho Administrativo. Lo razonable es edificar su especificidad teórica comenzando por reconocer su naturaleza originaria.
La subsanabilidad como etapa en los procesos de selección y la necesidad de la reforma
(Pontificia Universidad Javeriana) Mesa Barrios, Edson Joao; Albarracín Florez, Edwin; Ibarra Vélez, Sandra Lisset Ibarra
Con el fin de presentar una propuesta de modificación a la figura de la subsanabilidad como etapa procesal, y, específicamente, al término con el que cuentan los oferentes para allegar observaciones respecto a las demás propuestas y subsanar los requisitos con base en dichas observaciones; en la primera parte del presente trabajo de investigación se expondrán, de manera general, los antecedentes normativos de la subsanabilidad, y, principalmente, las disposiciones contenidas en los Decretos 150 y 222 de 1976 y 1983, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015. Posteriormente, se realizará un análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con el alcance de la figura de la subsanabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano y su incidencia en la contextualización normativa planteada por el legislador. Seguido a ello, se plasmarán las problemáticas que en la práctica se han presentado con respecto al término otorgado por el legislador para subsanar los requerimientos elevados por la Entidad Estatal y allegar observaciones; y, por último, se planteará una propuesta general, fundamentada en los antecedentes expuestos, dirigida a mejorar el alcance y el sentido de la subsanabilidad como etapa dentro de los procesos de selección.
La responsabilidad administrativa por los conceptos que producen efectos jurídicos, a través de su configuración como actos administrativos en el sistema nacional de acreditación durante el periodo 2017-2021
(Pontificia Universidad Javeriana) Wilches Perez, Diana Carolina; Moreno Ortíz, Luis Javier; Cataño Cataño, Jaime Alberto
Se presenta una propuesta nueva de integración de diferentes teorías para poder determinar en qué casos y en qué circunstancias se podría originar la responsabilidad administrativa de los expertos que emiten los conceptos de recomendación relacionados con acreditación en alta calidad de la educación superior, teniendo como referencia los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Educación en el periodo 2016-2020 y como principal ejemplo la acreditación de las licenciaturas.
Análisis de los títulos de imputación aplicados por el Consejo de Estado en los fallos de responsabilidad de la Policía Nacional en el marco de la protesta social, entre los años 2017-2022
(Pontificia Universidad Javeriana) Sanabria Rincón, Tanni Jheraldine; Cardenas Blanco, Sergio Armando; Bustos Bustos, Diego Felipe; Vergara Villamizar, Luis Rafael
El tema de la protesta social es además de un derecho fundamental, un tema que ha cogido mucho auge en los últimos años, de ello que sea importante, hoy, desarrollarlo en este escrito, partiendo del análisis y estudio de los títulos de imputación aplicados por el Consejo de Estado para responsabilizar patrimonialmente a la Policía Nacional por actuaciones de sus integrantes dentro de ese ámbito de la manifestación pública. Esto permitirá crear un punto de partida para que esta Corporación, contemple la posibilidad de unificar criterios al respecto y contribuya así, con el principio se seguridad jurídica cuando se demanda por estos hechos.

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