La degradación ambiental y los efectos del cambio climático impactan directa e indirectamente en la posibilidad de gozar de los derechos humanos. Los países donde los efectos del cambio ambiental y la degradación son más latentes tienen mayor probabilidad de ser vulnerables al desplazamiento, debido a la falta de recursos disponibles para la adaptación, poca capacidad para la ejecución de los recursos y a menudo un récord insuficiente de protección de derechos humanos. Tales países son también los que con menor probabilidad ejercerán presión en los gobiernos a escala nacional e internacional. Aunque el número exacto de desplazados es difícil de calcular, las predicciones son de aproximadamente 150 millones de desplazados ambientales para el año 2050. Este artículo comienza mostrando el impacto del cambio climático sobre las personas, para luego centrarse en las obligaciones de los Estados según los estándares del derecho internacional humanitario en conjunto con la jurisprudencia regional e internacional. El objetivo es establecer los deberes de cada Estado en términos de respetar los derechos humanos y asegurar un ambiente seguro y sano evitando la degradación del medio ambiente. Un segundo objetivo es establecer cómo los deberes de los Estados son transferibles en el contexto del cambio climático; en particular, cuáles son sus obligaciones sobre proteger a los desplazados ambientales. El ensayo explora el deber de los Estados de proteger a los desplazados ambientales mediante un “modelo dinámico de internalización de deberes de protección”: respetar y satisfacer las necesidades de la gente en un proceso interactivo, cooperativo, participativo y con asistencia internacional. Finalmente, el sistema de gobierno de los Estados debe encontrar formas de lidiar con los nuevos retos legislativos del mundo actual y sus permanentes emergencias de degradación y cambio climático, bien sean naturales o generadas por las personas.

Environmental degradation and the effects of climate change have direct and indirect impacts on the effective enjoyment of human rights. Countries where the effects of environmental change and degradation occur are mostly likely to be vulnerable to human displacement, due to the lack of available adaptation resources, poor human resource implementation capacity and often a deficient human rights protection record. Such countries are also the ones least likely to proactively lobby governments at the national and international levels. While the exact number of people displaced is hard to estimate predictions are of approximately 150 million of environmentally displaced persons by 2050. This analysis starts by portraying the human impacts of environmental change, and then concentrates on the home states obligations under international human rights standards in parallel scrutiny with regional and international jurisprudence. The aim is to establish which duties home states have with regards to respecting human rights and ensuring a healthy and safe environment by avoiding environmental degradation. A further aim is to establish how states duties are transferable in the environmental change context; in particular, what protecting obligations states have towards environmentally displaced persons. This paper explores the duty of states to protect environmentally displaced people through a dynamic model of internalisation of protection obligations: respecting and fulfilling people’s needs in an interactive, international assistance, cooperative and participatory process. Ultimately, the global polity of states must find ways to deal with new legislative challenges in this current world of permanent emergencies of natural and human made environmental degradation and change.