Restricción legal de anular actos administrativos en las acciones populares vs. la construcción jurisprudencial de una tesis garantista que se rehúsa a desaparecer

Abstract

Con la expedición de la Ley 472 de 1998, ley que regula las acciones populares y de grupo en Colombia, inició una controversia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tendiente a precisar los alcances de las competencias del juez popular para pronunciarse sobre la legalidad de actos o contratos de la administración, en defensa de los derechos o intereses colectivos. En relación con los actos administrativos, el Consejo de Estado desarrolló cuatro líneas jurisprudenciales que se podrían agrupar en dos tesis: una tesis amplia que admitía la posibilidad de anular un acto administrativo cuando vulnerara un derecho colectivo y una tesis restrictiva que negaba esa posibilidad. A propósito del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el legislador se ocupó de solucionar la anterior controversia al introducir una prohibición expresa de anular actos y contratos en sede popular . No obstante, el presente estudio se enfocará en demostrar que, pese a la citada prohibición, el Consejo de Estado ha seguido anulando actos administrativos sin ordenarlo expresamente.